Alistan otro mecanismo para reducir los precios de la energía

El Gobierno ha tenido dificultades para materializar un alivio en las tarifas de energía y de los servicios públicos, no solo por los limitados alcances que tuvo el Pacto por la Justicia Tarifaria en el sector eléctrico en un escenario de inflación marcada, sino también porque no se han emitido nuevas medidas. A esto se suma también la reciente medida cautelar por parte del Consejo de Estado, que suspendió el decreto con el que el presidente Petro busca reasumir las funciones de dos comisiones de regulación. Sin embargo, una alternativa para lograr el objetivo se está cocinando por otro frente.

Se trata, según le revelaron fuentes a Portafolio, de hacerlo a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND), para lo cual el mecanismo a utilizar sería la aplicación del esquema de inversión social, con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) o incluso del Presupuesto General de la Nación (PGN).Además, se trata de una figura que ya está en la regulación vigente y para ello, de acuerdo con los consultados, en la elaboración de la ponencia del proyecto de ley que comenzará a debatirse en el Congreso, se prevé incluir un artículo que abarque expresamente esta posibilidad.

Puntualmente, según conoció Portafolio, la idea es lograr el aval del Gobierno para que esta inversión social, en los mercados en que los usuarios de los estratos 1,2 y 3 representan más del 80% de los clientes, se aplique a los rubros de pérdidas, control de energía y aseguramiento de la red. Este último aspecto es clave, porque progresivamente reduce el riesgo de fraude y evita que los recursos invertidos se pierdan y no generen el efecto esperado.

Así, las empresas de todo el país, en especial las de las regiones Caribe, Cauca, Caquetá, Nariño y Huila, que son las que más pérdidas de energía tienen y cobran ese componente en sus facturas, seguirán haciendo las inversiones previstas. Pero durante un tiempo por definir, estas inversiones nos las pagarían los usuarios, sino que saldrían del erario o aprobadas por los Ocad, los órganos que evalúan, viabilizan, aprueban y priorizan los programas y proyectos que se financian con regalías.

Las opciones

Sandra Fonseca, presidente de Asoenergía, gremio de los grandes consumidores de electricidad, explica que para aplicar la inversión social en servicios públicos hay dos vías: recursos de las entidades regionales y municipales, bien sean de su presupuesto directo o de las regalías que reciben; o del Presupuesto General de la Nación, lo cual implicaría un subsidio temporal para resolver una situación crítica en mercados específicos.

Por ejemplo, en enero, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, de los $808,19 que se les cobró en el mercado de Afinia por cada kilovatio a los usuarios de estrato 4, un total de $152,03 correspondieron a pérdidas. Es decir, 18,8% de la tarifa. Por su parte, en el mercado de Air-e, las pérdidas fueron el 22,5% del costo del kilovatio, que en el primer mes del año llegó a $858,37.

En el caso de ambas compañías, en enero frente a diciembre este componente tuvo incremento. Para Afinia, los datos de la Superintendencia de Servicios muestra un alza de 5,9% y para Air-e de 2,08%. Sin embargo, Fonseca señala que el subsidio debería corresponder con cada punto de pérdidas recuperado, para que el esquema sea eficiente y efectivo.

De acuerdo con la experta, hace varios años las pérdidas no técnicas de energía, es decir las que son por ineficiencias, no se les reconocían a los operadores, pero un cambio en la metodología del 2018 y el esquema regulatorio de la región Caribe permitió hacerlo. Una situación que se conjugó con la espiral inflacionaria del último año y medio, disparando las facturas, en especial las de la Costa.

Esto ha llevado a que en los mercados atendidos por Afinia se haya experimentado un alza en el costo del kilovatio de 27,4% en un año y en el caso de Air-e este dato es de 19,2%. Estas cifras se ubican por encima del promedio nacional de incremento que es a doble dígito, siendo de 15,2%.

Se ha pedido congelar tarifas con subsidios

Precisamente para afrontar la situación de altos precios, el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero, solicitó al presidente Gustavo Petro aprobación para congelar las facturas. Esta petición se hacía en el marco de las funciones regulatorias generales que había reasumido el mandatario por medio del decreto 227, que sin embargo fue suspendido cautelarmente por el Consejo de Estado.

Mientras la medida cautelar esté en pie, todas las funciones estarán de nuevo en manos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, quien en adelante evaluaría esta posibilidad. Jorge Carrillo, gerente de la compañía, explicó que una de las posibilidades que se ha analizado para hacer esto es que se aumente el consumo mínimo de subsistencia que está subsidiado en el país. En caso de ser incrementado, habría un mayor porcentaje de las facturas subsidiadas.

Fuente: https://www.portafolio.co/